Categoría: Info Tributaria

Información de la autoridad tributaria.

Una reforma fiscal necesaria

Necesitamos una reforma fiscal. Tenemos una gran cantidad de impuestos, que se han ido estableciendo a través de los años, algunos de ellos responden a viejos conceptos y, en general, su objetivo ha sido eminentemente recaudatorio; otros son producto de ocurrencias para financiar programas o entidades específicas.

El resultado es un sistema caótico, complejo, injusto, desproporcionado, falto de equidad, ineficaz, que afecta negativamente a las personas, al desarrollo, la competitividad, favorece el contrabando y la evasión en general. Es un sistema que tiene un costo de administración muy elevado, ineficiente e ineficaz.

Para realizar una reforma fiscal, como corresponde, el Gobierno debe efectuar un proceso de planeación estratégica, aprobar un plan y consensuarlo con las distintas fuerzas políticas para, posteriormente y de acuerdo con ese plan, elaborar los proyectos de ley con la participación de especialistas para contar con legislación clara, transparente, sencilla y fácil de aplicar por el administrador y el contribuyente.

El sistema de impuestos que sea aprobado debe constar de pocos impuestos, a tarifas razonablemente bajas. Se deben establecer declaraciones específicas y periódicas para que el Gobierno, con un elevado nivel de control a un costo bajo, logre una recaudación alta y disminuya al mínimo la evasión.

Para que podamos lograr una recaudación cercana al 100%, se debe ampliar la base impositiva a través del desarrollo de la economía y la universalización de los impuestos sobre los bienes y servicios y sobre los ingresos y las utilidades.

Todos debemos pagar los impuestos, debemos abandonar las prácticas nocivas de las excepciones y las exenciones, que conducen a tasas más altas. Los impuestos nos afectan a todos de alguna u otra forma, por lo cual debemos mantener firmeza ante los grupos de presión. La ayuda que debemos proporcionar a las personas o actividades menos favorecidas puede ser efectuada a través de la revisión de los salarios mínimos y mediante ayudas específicas del Gobierno.

Si todos los bienes y servicios, todos los ingresos y todas las personas, actividades y entidades lucrativas quedan gravados, daríamos un paso adelante en el fortalecimiento de la conciencia cívica y cultura del pago de impuestos, de todos los habitantes del país.

En forma errónea, las autoridades buscan solucionar los problemas de evasión a través de una legislación cargada de fuertes sanciones, de exigencias al contribuyente y contratando más policías fiscales y auditores, agravando la situación fiscal del país, sin lograr que todos paguemos los impuestos.
Cuáles sí y cuáles no

De los cuatro impuestos importantes en cuanto al valor de la recaudación, el de ventas y el de renta, tienen serias deficiencias, y el de los combustibles y el selectivo de consumo tienen efectos negativos desproporcionados y son nocivos para el desarrollo y la competitividad, por lo cual deben ser eliminados.

Algunos impuestos rayan en el ridículo, como los timbres de los colegios profesionales y otras entidades y, en algunos casos, el valor de emisión supera al valor de recaudación. Muchos otros son ocurrencias, como el timbre de educación y cultura, el impuesto a las sociedades, el impuesto a los casinos y los impuestos a la pesca.

Una revisión general de los impuestos vigentes, nos conduce a considerar que el sistema de impuestos debería estar conformado por los siguientes:

Impuesto al valor agregado, de alrededor del 8%, sobre todos los bienes y servicios; impuesto sobre la renta, con una tarifa de alrededor del 15% y todos los ingresos gravables; derechos arancelarios, arancel uniforme centroamericano; impuesto a la propiedad de vehículos, aeronaves, etc.; impuesto a las planillas para CCSS, Fodesaf, IMAS, INA y Banco Popular; impuesto a la propiedad de bienes inmuebles y el impuesto de patentes, para las municipalidades.

Ese esquema, produciría una recaudación mayor que la actual, tendríamos un sistema solidario, justo y equitativo, produciría desarrollo y competitividad, habría un mejor control, disminuiría el contrabando y la evasión; tendríamos una legislación sencilla, clara, transparente y se eliminarían muchos trámites, en beneficio del Gobierno y de los contribuyentes.

Por supuesto que, antes de aprobar una estrategia como esta, se deben hacer cálculos detallados para estimar el valor de la recaudación y, si con ella, se satisfacen las necesidades de un Estado bien organizado y eficiente.

Hacienda y Poder Judicial se capacitan para castigar delitos tributarios

Hacienda y Poder Judicial se capacitan para castigar delitos tributarios

Viernes, Noviembre 09, 2012

Fuente: Radio Reloj

En los últimos diez años, sólo una persona fue llevada a juicio y condenada por evadir impuestos, una situación ‘penosa’, según el ministro de Hacienda, Edgar Ayales, quien agregó que hay ‘muchos más delitos que pudieron haberse procesado’.

Es por eso que funcionarios de Hacienda, Poder Judicial y el Organismo de Investigación Judicial, iniciaron este jueves una serie de talleres de capacitación en temas de delitos aduaneros y tributarios, para aplicar sanciones administrativas y penales a los contribuyentes que incumplan.

Ayales dijo que ante la ausencia de nuevos impuestos hay que recaudar mejor. El jerarca reconoció que los delitos tributarios son difíciles de identificar.

El ministro explicó que los costarricenses tienen que entender la seriedad de los delitos relacionados con impuestos, como evasión, elusión y lavado.

Según estudios de Hacienda, los costarricenses con actividades lucrativas pagaron 16 mil 390 millones de colones en impuesto sobre la renta durante el año 2010, sin embargo, debieron haber cancelado un 90% más, es decir, 166 mil millones de colones.

El total de los incumplimientos tributarios ronda un 5,8% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a mil cien miles de millones de colones, o 1,1 billones.

Un nuevo Secreto Bancario…no tan secreto.

 

El Financiero: DIEGO SALTO / 22 OCT 2012

La reciente aprobación y entrada en vigencia de la Ley para el Cumplimiento del Estándar de Transparencia Fiscal, comúnmente referida como la Ley de Transparencia Fiscal (en adelante, LTF), introduce importantes modificaciones que le permitirán a la Administración Tributaria acceder más directa y fácilmente a la información bancaria de los contribuyentes.

Si quisiéramos hacer un resumen simplificado del nuevo mecanismo, podríamos sintetizar indicando que cuando la Administración Tributaria considere que la información financiera sea “previsiblemente pertinente a efectos tributarios” dentro de un proceso de fiscalización, podrá solicitar al Juez Contencioso Administrativo la autorización para que las entidades financieras faciliten tal información.

Si bien los cambios con respecto al mecanismo actual no son tantos, sí resultan muy importantes dado que otorga un fuerte y amplio (¿excesivo? ¿abusivo?) derecho a la Administración Tributaria que, sin duda alguna, cambiará las dinámicas de los procesos de auditoría fiscal.

La primera pregunta es ¿por qué cambiar? En otras palabras, ¿qué justifica la reforma en este sentido? La respuesta tiene dos enfoques. El primero, desde el punto de vista externo, Costa Rica tenía un compromiso con el Foro Global, el G-20 y la OCDE para garantizar el acceso a la información de relevancia tributaria. En segundo lugar, desde el punto de vista interno, la Administración Tributaria requería una mejor herramienta para poder “constatar” en las fiscalizaciones la situación fiscal de los contribuyentes.

¿Cómo queda regulada la apertura del “secreto bancario”? Básicamente se le otorga la autoridad a la Administración Tributaria de solicitar a un Juez Contencioso la apertura del secreto bancario, siempre que exista un proceso de fiscalización, no permitiéndose las llamadas “expediciones de pesca” (solicitar la información “a ver qué encuentro” y luego fiscalizo). El Juez deberá resolver en cinco días, y la entidad financiera tendrá que entregar la información a la Administración Tributaria en los siguientes diez días. Resulta importante indicar que el juez debe razonar su respuesta, y valorar si efectivamente se cumplen los elementos normativamente justificantes alegados por la Administración Tributaria. En otras palabras, el juez debe ser realmente de “garantías” y velar porque se cumpla la Ley…no deberá ser un “juez firmón” que autorice todo lo que se le tramite…sino, su papel será un mero adorno.

La anterior ley autorizaba la apertura del secreto bancario a toda información de “trascendencia tributaria”, mientras que ahora se abandona dicho concepto (aunque aún se menciona en varios artículos de la actual Ley) y se adopta el de“previsiblemente pertinente a efectos tributarios”. Si bien pareciera un cambio de forma, no lo es. El concepto adoptado es utilizado en derecho comparado y forma parte del lenguaje de los Tratados Internacionales en materia tributaria (“foreseeable relevance of the requested information”, en su acepción anglosajona), el cual sigue siendo un tipo “abierto”, hasta cierta forma indeterminado y vago en su alcance, ya que engloba o presupone todo lo que directa o indirectamente sea útil para la aplicación del tributo, incluyendo “administración, determinación, cobro o verificación…”. Sumamente amplio como para otorgar seguridad jurídica.

Asimismo, no se limita la forma en que la institución financiera debe entregar la información, dejando ello al deseo de la Administración Tributaria quien en la solicitud deberá indicar “…la forma en que la Administración desea recibirla.” Esto es amplísimo. El contribuyente debe colaborar pero no por ello debe hacerle el trabajo al funcionario. La entidad debe entregar la información, pero esta no deberá exigirse procesada ni analíticamente referida, siendo ello exclusiva obligación de la propia Administración.

Uno de los graves errores de la Ley es que no establece la obligación de la entidad financiera de informar a su cliente que está siendo objeto de una apertura del secreto bancario. Si bien no está regulado en la Ley, no veo inconveniente a que la entidad, por decisión propia, informe a sus clientes cuando ha sido solicitada dicha información.

¿Es esta nueva medida inconstitucional? La respuesta inicia con una pregunta aún más discutible: ¿el secreto bancario es un derecho constitucional o únicamente de naturaleza legal? Dado que el artículo 615 del Código de Comercio lo regula restrictivamente (“Las cuentas corrientes bancarias son inviolables”), la otra discusión es si tal secreto está efectivamente limitado a las cuentas corrientes o si, por el contrario, afecta a toda información que los clientes han confiado y depositado en las instituciones financieras. Y surge otra posible discusión: si se argumenta una protección al derecho a la intimidad constitucionalmente tutelado, ¿tienen las personas jurídicas “intimidad” o esta es una característica que solo es aplicable a las personas físicas? Parte de la respuesta la ha dado la Administración Tributaria recientemente al indicar que las instituciones financieras deberán informar en el formulario D-152 de las retenciones por intereses realizadas a sus clientes (DGT-698-2012), proporcionando información financiera de terceros de forma directa sin requerimiento previo.

¿Qué ocurrirá a partir de ahora? La Administración Tributaria debe recordar que la carga de la prueba le compete a ella en lo referente a los hechos constitutivos de la carga de la prueba y al contribuyente en los referentes a la extinción de dicha obligación. Por ello, la Administración actuará erróneamente si no analiza la información bancaria de forma precisa y técnica. ¿Por qué comento esta situación? Pues porque ya se han dado situaciones en donde la Administración, de forma arbitraria ha revertido la carga de la prueba, y ha llegado a decir de forma simplista que si en una cuenta bancaria ha ingresado 100, pues que ese ingreso corresponde íntegramente a ingreso gravable, haciendo un ajuste por presumir que la diferencia entre ese monto y lo registrado como ingreso en el D-101 ha sido defraudado. ¿los cambios de moneda? ¿las cuentas inter-compañía? ¿Traslapes entre cuentas de un mismo contribuyente? La Administración ha disparado y luego preguntado, revirtiendo ilegalmente la carga de la prueba. Si esto ya lo ha hecho en la actualidad en algunos casos, esperemos que no sea una visión de lo que hará a partir de ahora con una nueva regulación.

Las respuestas a las anteriores preguntas no son pacíficas ni sencillas de responder, y por ello este temas es una discusión abierta tanto en Costa Rica como en todos los demás países del mundo. Personalmente considero que es necesario otorgarle a la Administración Tributaria las adecuadas herramientas para que ésta pueda cumplir con su labor de fiscalización, a fin de verificar si el contribuyente ha cumplido con su obligación de contribuir. Por ello, creo en la necesidad de abrir el secreto bancarioNo obstanteninguna herramienta de fiscalización debe mancillar ni obviar los derechos que todos, como contribuyentes tenemos, por lo que estoy en contra de los conceptos abiertos, indeterminados y las abusivas aplicaciones prácticas que de las anteriores potestades pueda hacer la Administración. El balance entre el interés de unos y otros es difícil, y por ello habrá que estar atentos al adecuado uso que la Administración Tributaria realice de este mecanismo, el cual no es un “cheque en blanco” para que pida y haga lo que quiera, sino que debe cumplir con un mecanismo de control y valoración que garantice la neutralidad y certeza de las actuaciones.